«En México, no es una clase determinada

la que tiene el mando. Es un club de poder,

por encima de la sociedad».

José Revueltas

Ante la ausencia de ideas y argumentos para detonar la actividad económica del país, ante el exceso de desempleados (y los que faltan) este año, no queda más alternativa que desviar la atención hacia la regulación de las outsourcing. Ahora bien, el problema es que no se sabe cómo proceder; por lo que la primera iniciativa es, determinantemente, prohibir esa actividad y, con ello, tipificar como delito una serie de conductas que impliquen actos de outsourcing y de insourcing.

Como, en un principio, se sostuvo que era necesario legislarlo urgentemente y a la brevedad posible, entonces, la primera propuesta era autorizar esa nueva legislación prohibitiva para el mes de diciembre del pasado 2020. Sin embargo, como alguien puso los pies en la tierra y dimensionó la catástrofe que se venía con ello, esa iniciativa se desechó para ser nuevamente propuesta este mes de marzo de 2021. No obstante, poco se podía hacer sobre esta legislación prohibitiva y punitiva con las elecciones tan cerca; con éstas y su resultado, el efecto iba a ser peor.

Atendiendo a ello, se ha diferido, nuevamente, la discusión y aprobación para después de las elecciones (propiamente, sería para los meses de septiembre y octubre de este 2021) y sería empalmada con la incipiente propuesta, que se ha estado mencionando, de la profunda reforma fiscal del sexenio, cuya vigencia, en teoría, iniciaría en 2022. Ahora bien, cabe mencionar que en ese rubro tributario sólo se han llevado a cabo parches durante dos años de la legislación fiscal; parches, desde luego, de corte neoliberal.

La legislación de estas prácticas es, principalmente, del ramo laboral y, desde luego, tiene alcances fiscales. Por ende, es la autoridad laboral la que debería estar más presta al respecto, y no las autoridades fiscales, Pero esto no ha sido así, en parte, por la pésima legislación que existe en materia laboral; pues, para imponer sanciones a ese tipo de giros de outsourcing, es necesario demostrar, no sólo la responsabilidad objetiva, sino el dolo por la comisión de esas prácticas; lo cual, evidentemente, no es llevado a cabo por las autoridades administrativas en el ámbito laboral.

Ahora bien, en tanto se estira y afloja la presión de instancias internacionales, se ha perdido la idea de partir desde el origen, el cual es muy claro, pero no se ha buscado. No se ha partido desde el hecho de que, en México, contar con empleados, con trabajadores es sumamente caro, que es excesivo para una mediana o pequeña empresa, para aquellas donde —por la falta de equipos, de preparación de los propietarios, de tecnología— se requiere de más personal; el cual, reiterando, es sumamente costoso de mantener por las nóminas a pagar, por un lado, y por las cargas fiscales de contar con esos trabajadores, por otro.

Esa es la principal razón de las outsourcing; que los legisladores, por no leer, no conocen; que las autoridades encargadas de proponer una reforma no consideran o, en definitiva, no entienden. Lo cual hace que se vayan por lo más sencillo: criminalizar, es decir, considerar que esas prácticas son delitos por los que castigar a quien las comete. Siempre la solución más demagógica y sencilla que puede haber al respecto por parte del Estado.

Atendiendo a que nadie voltea la cabeza hacia el origen del problema, se pretende dejar peor las cosas; pues criminalizar esas conductas causará una desbandada de empleos y, con ello, la creación de empleos subterráneos, es decir, sin prestación alguna. A lo que, desde luego, habría que adicionar que para los pequeños negocios e, incluso, medianos habrá estragos para mantenerse vigentes o para sobrevivir. Por ello, el debate no tiene salida: si se criminaliza esas prácticas, lo más probable es que enfrentemos la mayor caída de empleo que pueda presentarse en la historia de México y de la pérdida de miles de negocios pequeños y medianos, porque tampoco podrán subsistir sin los empleados ni trabajos que requieren. Por lo tanto, es necesario buscar otras alternativas. Una de ellas es, si los costos fiscales para contar con empleados son sumamente elevados, reducirlos o, bien, ofrecer mecanismos para subsidiar los empleos y las cargas fiscales que hay de ellos. Basta con observar que, mientras la discusión está en los escritorios y los cafés —porque aún no se reinicia en las cámaras—, sigue aumentando la fuga de dinero del país ante la visión de que este cambio legislativo no terminará en nada bueno para nadie. (Web: parmenasradio.org).