RUMOR SIN FRONTERAS: Gerardo Pérez

¿Golpe de Estado a la Universidad de las Américas Puebla?

De ser así, ¿quién lo ordenó?

¿Y quién mece la cuna?

¿Será Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República y hasta 2018 fue Rector de la Universidad de las Américas Ciudad de México?

¿Se trata de Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla?

¿O ambos están coludidos?

-Porque-, bajo la orden de desalojo, dictada por un Juez Federal de la Ciudad de México, el pasado martes 29 de junio fueron intervenidas oficinas, cuentas bancarias y el Campus de la UDALP, las cuales están custodiadas por elementos de la Fiscalía General del Estado y Policía Estatal.

-Porque-, casualmente, Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales –SEIDF-, hasta el 13 de junio de 2018 fungía como apoderado legal de Alejandro Gertz Manero en el litigio que el ahora Fiscal inició en 2007 en contra de la Fundación Universidad de las Américas Puebla –Fudlap- por el registro y uso de la marca comercial “Universidad de las Américas”.

Y en el conflicto por el control de la UDLAP y de la Fundación Mary Street Jenkins –FMSJ- existe un añejo reclamo de Gertz Manero: La titularidad de la marca “Universidad de las Américas”.

Y, casualmente, “es hacia la Fiscalía General de la República –FGR- ha donde derivó la decisión del Patronato designado por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, de denunciar al actual rector de la Universidad, Luis Ernesto Derbez, por supuesto lavado de dinero y delincuencia organizada”, escribió el periodista Juan Omar Fierro en Proceso.

Vaya realidad del “hombre y sus circunstancias…”

Gertz y Derbez son viejos conocidos. Ambos formaron parte del gabinete de Vicente Fox (2000-2006) El primero lo hizo como secretario de Seguridad Pública; el segundo, como titular de Relaciones Exteriores.

Con el antecedente de haber sido contraparte de la Fudlap en un litigio civil, el subprocurador Ramos López ordenó hace un año reabrir una carpeta de investigación que la SIEDF había iniciado el 4 de mayo de 2016 contra los herederos de la familia Jenkins y contra Luis Ernesto Derbez, rector de la institución. El denunciante fue Guillermo Jenkins –de Landa-, quien había sido expulsado del patronato de la institución.

Agrega Omar Fierro: “La orden de reabrir la carpeta de investigación identificada con el expediente FED/SEID/UEDIFF-PUE/00020/2017 se dio a pesar de que el 4 de mayo de 2018 la propia FGR había decretado el cierre de la indagatoria por no haber encontrado la existencia de un delito en la operación de esa universidad poblana y sin que las autoridades ministeriales le reconocieran a –Guillermo- Jenkins la calidad de víctima u ofendido en la investigación ministerial”.

De acuerdo con documentos consultados por Proceso, el 12 de junio de 2020, Ramos López resolvió revocar el no ejercicio de la acción penal por el caso de la Udlap, a pesar de que no tenía facultades legales para hacerlo y de que su actuación es causal de impedimento, según los artículos 37, 43 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Además, tres documentos acreditan que el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales –SEIDF- obtuvo un poder notarial que le otorgó Gertz Manero desde el 11 de junio de 2007, a través del Notario Público 74, Francisco Javier Arce Gargollo.

El tercer poder notarial es del 13 de junio de 2018 el cual ratifica que, hasta esa fecha, el ahora titular de la SEIDF seguía fungiendo como apoderado legal de Gertz Manero y la asociación civil “Universidad de las Américas”.

DESPOJAR A LA FUNDACIÓN SERÍA DURO GOLPE PARA LA FILANTROPÍA

El periodista Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate en Reforma hace breve reseña de William Oscar Jenkins, nacido en Tennessee, Estados Unidos y radicado en Puebla donde falleció en 1963 a los 85 años; y creó en 1954 la Fundación Mary Street Jenkins.

Organizó su fundación como una empresa que pudiera hacer negocios y obtener recursos sin pedir aportaciones; la mayor parte de su patrimonio se encuentra en bienes inmuebles que se manejan comercialmente.

“El conflicto que llevó a la toma de la UDLAP por la policía estatal de Puebla empezó con una decisión unánime del patronato de la fundación en 2013 de separar a Guillermo Jenkins de Landa de la Institución”, apunta Sarmiento para abundar:

“Éste se negó a aceptar y recurrió a tribunales. Pidió apoyo al entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien con la Junta de Asistencia Privada del Estado trató de tomar control de la fundación y sus recursos.

“Para proteger su patrimonio, la fundación se mudó legalmente a Zapopan, Jalisco, en 2014, e hizo un donativo de buena parte de su patrimonio a Fundación Bienestar de Filantropía, que salió del país con sus recursos, primero a Bermudas y hoy en Panamá.

“Todas las transacciones fueron aprobadas y registradas legalmente en México y el extranjero.

“Jenkins de Landa denunció penalmente a los integrantes del patronato, incluyendo a sus hermanos y a su madre, pero el 4 de mayo de 2018 el Ministerio Público de la Federación determinó el “no ejercicio de la acción penal.

“Esta decisión debió haber puesto punto final al litigio, pero Jenkins de Landa ha seguido presentando acusaciones, ahora con el respaldo del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien ha visto la oportunidad de apropiarse de un patrimonio que él mismo ha calculado en 750 millones de dólares”.

Remata Sarmiento:

“La fundación es privada y privados son sus recursos. Si el gobierno de Puebla llegara a apropiarse de ellos, sería un duro golpe para la filantropía privada en el país y para el Estado de derecho.

“Peor, estaría matando a la gallina de los huevos de oro”.

Al tiempo.