¿Fuerza o violencia?

Dr. Silvino Vergara Nava

“En una comunidad de iguales, cuando el derecho
habla no escuchamos una voz ajena que
no tiene nada que ver con nosotros…
Por el contrario, escuchamos nuestra propia voz
al obedecerla nos obedecemos a nosotros mismos […]”

Roberto Gargarella

Se ha estudiado, a lo largo de los tiempos, la diferencia entre la fuerza del Estado y la violencia de la delincuencia. En el caso de la fuerza implementada por el Estado, ésta se justifica con el sustento en una ley que ha sido creada por medios democráticos, es decir, por las decisiones de las mayorías; lo cual —se dice— permite que se apliquen las sanciones a aquellos que las incumplieron, porque en realidad faltaron a ellos mismos.
La violencia de los delincuentes se debe a la obtención de fines indebidos y diversos a los que corresponden a los bienes del Estado. Por ende, en este caso, es el fin el que justifica los medios; lo cual no sucede en las acciones del Estado, pues para éste, de ninguna forma, el fin puede justificar los medios. Razón por la cual los actos de autoridad deben ser lo más prudentes y lícitos posibles, pues, de lo contrario, se caería en el error de justificar los medio con el fin, algo que no puede ser sostenido en las acciones del Estado. Así, pues, las acciones del Estado deben basarse en el principio de eticidad.
En las funciones del Estado, para que los fines no justifiquen los medios, resulta tan importante la ley y, sobre todo, el momento de la creación de ella (desde las iniciativas mismas, pasando por los debates que se suscitan para su aprobación). Pero, pareciera que desde hace muchos años se ha agudizado la poca o nula participación de las voces de la población, y los ejemplos son contundentes, a saber, desde las iniciativas de ley para ampliar la fiscalización de los contribuyentes, el aumento a las penas sobre los delitos fiscales, la penalización en las prácticas del outsourcing, pasando por la permisión del aborto, el matrimonio de las personas del mismo sexo, la autorización de la adopción de hijos en matrimonios del mismo sexo, hasta llegar a la prohibición de las corridas de toros, de las peleas de gallos, etc. Y esto sin hablar de la multiplicidad de reformas a la Constitución, que pareciera que lo que se hace es adecuar el sistema jurídico a lo que el presidente en turno propone para gobernar.
Desde luego que es preocupante la poca participación de la población en los debates para la aprobación de las leyes, pues provoca que el cumplimiento de las mismas se limite a la simple fuerza y, con ello, que se pierda la diferencia entre la violencia de la delincuencia y la fuerza del Estado.
Actualmente, una de las problemáticas que hay es que resulta patente que, por ejemplo, los diputados y senadores no cuentan con oficialías de parte o personal capacitado para recibir las peticiones de los ciudadanos. Por muy mal elaborados los escritos y peticiones, incluso si se encuentran incompletos, deben ser sujetos al derecho de petición previsto en el artículo 8° de la Constitución y, por ende, deben ser recibidos por dicho personal; lo cual es extensivo a los regidores, que deben seguir el mismo camino y la misma obligación. Pero lo cierto es que la realidad es otra. En pleno siglo XXI, las peticiones de los particulares no se reciben, son rechazadas por meras problemáticas formales en cuanto a la elaboración de los escritos y esto es uno de los problemas con que se enfrenta cualquier ciudadano de a pie, que, pretendiendo ejercer el derecho de petición, desde el principio se hace nugatorio. Entonces, si se rechazan peticiones tan elementales, no resulta descabellado indicar que los ciudadanos se encuentran impedidos para poder participar en el debate de la creación de las leyes. Por ello, en muchas ocasiones, las leyes permiten la tolerancia administrativa, es decir, la autoridad no las aplica a sabiendas de que no es posible su ejecución o, bien, son excesivamente técnicas para conocer sus alcances y las obligaciones de los sujetos que deben de ajustarse a la misma. Todo ello lo que provoca es que, finalmente, se establezcan y aprueben leyes que no permitan la eficacia de las mismas. Por tanto, es muy sencillo que cualquier particular incumpla con la ley, simplemente, por el rechazo de la misma respecto a las costumbres y la cultura propia. Si de verdad se pretende mejorar las condiciones de las personas, el primer paso que debe ser llevado a cabo es trabajar en la apertura de otras voces en las oficinas de los diputados y senadores que permita mantener una característica democrática en las propias leyes.