La familia Jenkins de Landa acusa colusión del gobernador Miguel Barbosa Huerta con jueces y despachos de abogados para apoderarse del Campus de la Universidad de las Américas Puebla y de la Fundación Mary Street Jenkins.

Así, la batalla jurídico-legal continúa con la “cereza política” al darse la intervención abierta del inquilino de Casa Aguayo.

-Porque-, casualmente, tres integrantes de la legislatura pasada del Senado de la República son partícipes y actores torales del caso UDLAP.

Son datos reales.

Nada que ver con la imaginación.

Ni con filias ni fobias.

Los hechos no mienten.

Veamos.

En la LXIII Legislatura de la Cámara Alta, Luis Miguel Barbosa fue líder de la bancada del PRD y presidente de la Mesa Directiva.

Y el –Jaguar- Armando Ríos Piter tuvo de líder a su amigo Barbosa.

Y Roberto Gil Zuarth, fue Senador del PAN.
El lazo de amistad inicia en 2012 y se fue fortaleciendo a través del 2013 hasta el 2018, término de la gestión legislativa.

De ahí, que Barbosa Huerta, ya en el Gobierno de Puebla, decidió contratar los servicios del Despacho del panista Roberto Gil Zuarth.

Y al estallar el conflicto de la Universidad de las Américas, dio el “vo.bo” para que Ríos Piter fuera designado Rector del Campus.

Vaya coincidencias.

Y hechos fortuitos.

EL DESPLEGADO DE LA
FAMILIA JENKINS

La misiva se publicó en El Universal y La Jornada de Oriente, fechado en Zapopan, Jalisco y lo firma Félix Edmundo Salazar, el cual reza textual:

Como es de conocimiento público, el pasado 29 de junio se registró una incursión armada e ilegal dentro del campus de la Universidad de las Américas Puebla, para apoderarse de forma ilícita de patrimonio privado, atropellando los derechos humanos de la Fundación Mary Street Jenkins, de la Fundación de UDLAP, de la familia Jenkins de Landa y de su equipo jurídico.

“Esta intervención fue propiciada por Roberto Yáñez Quiroz, Juez 24 Civil de la Ciudad de México, quien ha mostrado un comportamiento irregular para aliarse a las intenciones de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, que responde a los intereses del Gobernador Miguel Barbosa para imponer un patronato y un rector espurios.

“Este atropello, patrocinado e instigado desde el Gobierno del Estado de Puebla, muestra un patrón de comportamiento casi idéntico a otros casos en los que se han coludido despachos jurídicos con juzgadores dela Ciudad de México para apropiarse de patrimonio privado a través de prácticas ajenas al Estado de Derecho. En este caso no lo van a lograr.

“La Fundación UDLAP obtuvo una orden otorgada por un Juzgado Federal para que el campus sea devuelto de inmediato al único patronato legalmente constituido, presidido por Margarita Jenkins de Landa”.

Agrega el desplegado:

“Esta suspensión vigente, ha sido evadida a través del contubernio entre:

“.. Los despachos de los abogados Roberto Gil Zuarth, ex Senador dela República y compañero de escaño de Miguel Barbosa.

“… Rodrigo Gurza, quien se ostenta de manera fraudulenta como apoderado de la FUDLAP.

“… Guillermo Barradas, quien ha sido vinculado a diversos litigios en los que se habrían cometido presuntos actos de corrupción en los que intervinieron también los jueces 24 y 60 civiles de la capital del país.

“… Iván Aarón Zeferín Hernández, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México”.

“El equipo jurídico de la Fundación Mary Street Jenkins presentó las quejas formales contra los jueces 24 y 60 civiles capitalinos, a efecto de que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México investigue su proceder, vínculos y presuntas complicidades.

“Esta denuncia será un elemento importante en la revisión que realiza el Dr. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respecto a los sistemáticos atropellos, calumnias y fabricación de acusaciones falsas en contra del os integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados, quienes desde 2018 fueron exonerados por la hoy FGR.

“Las agresiones resultan en un doble juzgamiento, violatorio de los derechos humanos más elementales que nuestra Constitución garantiza”.

Concluye la carta dirigida a la opinión pública y a los poblanos.

Resta esperar la determinación jurídico-legal del Poder Judicial de la Federación

Ellos tendrán la última la palabra del litigio que ya escaló fronteras nacionales e internacionales.

¿Quién miente?

¿Quién dice la verdad?

Al tiempo.