Aun cuando la recientemente formada Guardia Nacional es un brazo armado militar, desde su concepción e intención del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue que formara parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Así que ante el rechazo de que tuviera mando militar, el gran engaño en la reforma del artículo 21 Constitucional, fue que dicho organismo tuviera mando civil a fin de no militarizar el país.

Tras haber sido creada la GN en el 2019 como una institución de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que está bajo el mando del general en retiro Luis Rodríguez Bucio; el presidente López Obrador avanza hacia su primigenia concepción, de que dicha institución sea parte de la SEDENA y no tenga mando civil, bajo el pretexto de que “No queremos que pase después a Gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder, como sucedió con la Policía Federal”, dando por hecho de que los mandos civiles son corruptibles.

El proyecto del titular del Ejecutivo federal explicó que analiza presentar dicha reforma constitucional en 2023, una vez que logren consolidar la Guardia Nacional, y que busca integrar este cuerpo de seguridad al Ejército, como una rama similar a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

“No quiero que suceda lo que pasó a la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, al grado que está preso [en Estados Unidos] el que fue secretario de Seguridad Pública [Genaro García Luna] en el gobierno de Felipe Calderón, y además esa policía no cumplió y no actuó con profesionalismo”, sostuvo.

Durante un desayuno con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) el presidente López Obrador comentó que; en lo que resta de su sexenio, buscaría tres reformas constitucionales, una de las cuales es incorporar la Guardia Nacional a la Sedena.

Sin embargo, desde la constitución de la GN no ha sido un órgano civil y su operación es militar, en virtud de que; en uno de los artículos transitorios de la Ley en Materia de Guardia Nacional se determinó que en los primeros cinco años de su operación dependiera de la Sedena y Marina:

 “… para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas, y de servicios, así como para la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, que podrán estar homologados en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente”.

Así que en los hechos y durante todo el sexenio Lópezobradorista la GN ha tenido y tendrá mando militar, únicamente falta que tenga reconocimiento constitucional y para ello requiere de la  mayoría calificada —dos terceras partes del pleno tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República— para su aprobación, así como el aval de al menos 17 legislaturas locales.

Finalmente, de no lograr su cometido el presidente responsabiliza a los diputados que no acaten su capricho y sentenció; “Porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero que requiere el país”.

Lo logre o no, evada su responsabilidad o la asuma, AMLO busca que la GN sea un brazo armado militar

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