REFLEXIONES
(Periodismo con Historia)
Por: Miguel Ángel García Muñoz
La orden del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ha sido girada: Gestionar el asilo del ex mandatario de Perú Pedro Castillo Terrones y, por lo mientras, no reconocer a la nueva jefa de Estado, Dina Boluarte.
¿Injerencia del gobierno mexicano?
¿Intervencionismo?
López Obrador, ha realizado declaraciones sobre la política de Perú, calificando los sucesos como una conspiración preparada por las élites para destituir a Castillo, por lo que pidió abrirle la puerta de la Embajada mexicana e iniciar su traslado a México, aunque por el momento está en prisión por diversos delitos que tienen que ver con actos de sedición.
Castillo, quiso acudir también a la Embajada de Venezuela. Todo entre cuates.
Chile, Argentina, Estados Unidos y Brasil, en sus pronunciamientos diplomáticos, no justifican el autogolpe de Estado que pretendía Castillo disolviendo el Congreso y anunciando un gobierno de excepción, desconociendo el voto del pueblo que lo eligió. Se debe agregar que los militares ni sus propios simpatizantes le dieron la razón a Pedro Castillo Terrones, desconociendo su decisión que consideraron precipitada, carente de una asesoría adecuada y un razonamiento claro, características de las dictaduras.
Ningún país defiende la declaración de su permanente incapacidad moral de gobernar; como tampoco nadie saca la cara por la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kichtner, sentenciada a 6 años de prisión por alta corrupción, no obstante que el fuero la protege, a pesar de que este beneficio no fue creado para cobijar la impunidad.
¿QUÉ DICE LA DOCTRINA ESTRADA?
“El Gobierno mexicano sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.
Así, sintetizada, creada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en 1930, durante el mandato de Pascual Ortiz Rubio.
Y esta es consecuencia de la Doctrina Carranza, surgida en septiembre de 1918.
En la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, institución descalificada por López Obrador, refiere que la política de no intervención es que ninguna nación “pueda intervenir en los asuntos internos de otro y que determina, en ocasiones, junto con otros factores, la imposibilidad de protección internacional de los derechos humanos”. Lo anterior fue incluido tras la Segunda Guerra Mundial, con el fin de asegurar la convivencia pacífica. Esto también implica que un Estado soberano pueda resolver sus conflictos sin ningún tipo de injerencia del exterior. “La injerencia en los asuntos internos de un Estado tradicionalmente se entiende como perjudicial, ya que puede desestabilizar el orden de los países y avivar las luchas étnicas o civiles. En ese sentido, la regla de no injerencia anima a los Estados a resolver sus propios problemas internos y a evitar que se extiendan y conviertan en una amenaza para la paz y la seguridad internacional.
Durante el gobierno del Varón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza, se establecieron parte de los rubros de la política exterior, lo cual se conoce como la Doctrina Carranza (septiembre de 1918) y en la que se establece: “Que todos los países son iguales; deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y soberanía”. Además, de que ninguna nación debe intervenir de ninguna forma ni motivo en los asuntos exteriores en otros y apegarse al principio universal de no intervención.
La de usted, apreciado lector, es la mejor opinión.
POSDATA: Hagan sus apuestas sobre las leyes secundarias de la Reforma Electoral aprobadas en la Cámara Baja y que han ido a parar al senado, donde todos los ojos están puestos en la actuación de Ricardo Monreal Ávila, quien ha declarado que se actuará respetando la Constitución.
¿Pasa o no pasa la iniciativa presidencial?
La advertencia desde Palacio Nacional surca los aires: “Qué cada quien asuma su responsabilidad y las consecuencias”.
Por supuesto que tiene destinatarios.
Si impulsar la democracia y respetar la ley se impone, la respuesta es incuestionable.
POSDATA 2: El enojo de estudiantes de la BUAP por la muerte de Thais Madelene Ronquillo Intriago, se manifiesta en las calles.
¿Qué responde el alcalde por el PAN, Eduardo Rivera Pérez?, quien tampoco atina a dar respuestas del asalto al hospital de la UPAEP y el incremento de la inseguridad en Puebla capital.
Primero es la campaña por la gubernatura, parece decir el nacido en Toluca y ciudadanizado poblano.

directorabcd_reflexiones@yahoo.com.mx