Por Alejandro Armenta
La iniciativa para nacionalizar el litio significa la oportunidad de desarrollo para México vía la creación de una empresa nacional que cuida sus recursos naturales y lo puede colocar en el mercado global.
No significa cerrarse a la inversión privada ni un paso al comunismo, nada más alejado de ello. En Canadá, por ejemplo, empresas del Estado se encargan de regular, explotar y aprovechar sus cuencas de agua; Rusia produce el 22 % del gas natural y lo coloca en el mercado.
Requerimos tener un enfoque de desarrollo, si bien la actuación de las empresas extranjeras en la extracción de recursos naturales vía concesiones siempre ha generado suspicacia por el beneficio real para los territorios y su gente.
No obstante, la propuesta que he formulado para nacionalizar el litio plantea a la inversión privada como parte de una actividad económica que genere beneficio real a México.
En diversos sectores se produce una doble sensación; en primera, que la inversión extranjera es necesaria a costa de lo que sea; mientras otros consideran que hay saqueo de nuestros bienes y reminiscencia de dominación.
He tratado de comprender ambos polos y equilibrarlos en la iniciativa que formulé el pasado 11 de noviembre, y a la cual se han sumado 37 senadores hasta el momento.
No hay voluntad en contra de la inversión extranjera ni de las concesiones a la iniciativa privada, pero debemos tener una definición clara que evite una extracción sin beneficio.
Como nación debemos reivindicar nuestro derecho al desarrollo tecnológico para aprovechar cabalmente nuestros recursos naturales, uno de ellos, el litio, un mineral utilizado en múltiples industrias.
No queremos cerrarnos al mundo, al contrario, es una propuesta en positivo para generar sinergia, identificar la oportunidad histórica que tiene México con sus vastos yacimientos de litio, en una industria global en demanda creciente de este mineral.
Desde mi perspectiva, estamos a tiempo de regular la explotación de litio y proteger a comunidades rurales e indígenas, así como evitar la contaminación generada por la extracción y las afectaciones colaterales por el uso de explosivos, de las que en la mayoría de las ocasiones las empresas no se responsabilizan.
El artículo 27 de nuestra Constitución establece que al tratarse de un recurso natural que se encuentra en nuestro país, se pueden otorgar concesiones, pero esa práctica no ha dejado gran beneficio a la nación.
De tal forma que, en caso de una nacionalización, las concesiones estarían prohibidas como en el caso del petróleo y la energía eléctrica; asimismo, la producción, explotación, comercialización, uso, almacenamiento y distribución sólo las podrá realizar el Estado mexicano.
Aún en este esquema se podrán celebrar contratos para una actividad específica por tiempo determinado, donde se pagan los servicios de las empresas participantes, pero el recurso natural se queda y también su consecuente riqueza.
El gobierno mexicano explora desde 2015 yacimientos de litio en Sonora, Jalisco y Puebla, a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM). Pero también empresas de Canadá, Reino Unido, España y Australia exploran por su cuenta litio-potasio y carbonato de litio en Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Baja California, según reportes de la Dirección General de Desarrollo Minero de la Subsecretaría de Minería.
Nuestro potencial y atractivo es un hecho. La presencia de las empresas extranjeras lo confirman. Es momento de definiciones. La oportunidad es nuestra. Aprovechémosla.