La Diputada Federal de MORENA, Inés Parra Juárez, dio calurosa bienvenida a Puebla al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la gira de trabajo de dos días que realizó el pasado fin de semana, al denunciar:

… “Barbosa, peor que Moreno Valle”.

Dijo que en Puebla es urgente la intervención del Mandatario Nacional, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –CNDH- “para poner un alto al ‘estado de terror’ que ha impuesto Barbosa Huerta y que hace ‘quedar mal’ a la Cuarta Transformación”.

Atajó:

“Es todavía peor que una continuidad del morenovallismo” –cuando se estima que hubo más de 300 perseguidos y presos políticos-, pues a diferencia del panista, que cuidaba sus declaraciones, “a Barbosa no le importa tergiversar información” y lanzar a diario amenazas contra todo aquel que se opone a sus intereses, a quien ve como su adversario o se atreve a alzar la voz.

Vaya señalamientos de una legisladora de MORENA dirigidos puntualmente a un mandatario de MORENA durante la visita del titular del Ejecutivo Federal, que es de MORENA.

Por cierto, la integrante de la LXV Legislatura Federal fue reelecta –comicios del pasado 6 de junio- por el Distrito de Ajalpan, que incluye Zinacatepec, la tierra de Barbosa Huerta.

Y en política no hay casualidades.

Como no es casual la declaración de Inés Parra a la periodista Gabriela Hernández, de Proceso.

Porque, casualmente, López Obrador estuvo sábado y domingo en Puebla.

Y casualmente, Proceso circula los domingos.

Y el domingo en Huauchinango más de 100 pobladores de la Sierra Norte lograron burlar tres “filtros de seguridad” para llegar hasta López Obrador y demandarle apoyo tras el desastre que dejó el huracán Grace en sus comunidades de Pahuatlán, Francisco Z. Mena, Tlaola, Pantepec, Chiconcuatla, Xicotepec, Huauchinango.

Lo que llevó al mandatario nacional exigirles: ¿Me van a respetar… Me van a escuchar?

Ahí, casualmente, AMLO reconoció que el gobernador Barbosa actuó de forma rápida para atender a los damnificados de Grace.

BARBOSA USA A LA FISCALÍA

PARA ARMAR EXPEDIENTES

Parra Juárez, representante del Distrito Federal 4, expuso que tal como ocurrió en el gobierno panista que tanto criticó en su campaña, Barbosa usa a la Fiscalía General del Estado para armar expedientes y a la policía para reprimir.

“La Fiscalía actúa como la Gestapo al servicio de los intereses del gobernador”, que en su discurso dice una cosa, pero en los hechos hace otra.

Reiteró:

“En Puebla las instituciones están rebasadas, pues el mandatario tiene un control absoluto”, por lo tanto el gobierno federal, en particular el subsecretario Alejandro Encinas, debe intervenir para evitar que se cometan más violaciones a los derechos humanos y constitucionales de los poblanos, así como para liberar a los presos políticos.

Así aconteció el 18 de septiembre, integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental enviaron un escrito al presidente López Obrador y a Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, pues se enteraron de que hay una carpeta de investigación abierta contra 50 campesinos de esa región.

“Parece que nuestros reclamos han provocado el enojo de los caciques de la agroindustria (algunos, políticos locales).

“Y parece que tampoco le han gustado al gobierno estatal, pues ahora la Fiscalía General del Estado activó el aparato judicial para reprimirnos. Quieren encarcelarnos”, dice el escrito.

Otro caso denunciado –agrega la periodista Gabriela Hernández- ante la Presidencia es la detención de los policías estatales Oswaldo y Rafael N, quienes participaron, en junio de 2020, en un paro de labores de la corporación para reclamar al gobierno de Barbosa un aumento salarial que prometió en su campaña.

En octubre de ese año, 16 uniformados, identificados como cabezas de ese movimiento, fueron suspendidos, acusados por el gobierno de haber filtrado a un medio de comunicación que decenas de patrullas, arrendadas por la administración barbosista, estaban paradas.

Asimismo, pobladores de la comunidad de Santa María Cacalotepec, municipio de Ocoyucan, denunciaron que recientemente la FGE reactivó un proceso contra 19 ejidatarios, entre ellos dos mayores de 80 años, que se han opuesto a la venta de tierras de esa localidad al Grupo Proyecta, propietario del clúster de fraccionamientos Lomas de Angelópolis.

La primera denuncia de criminalización de la protesta social contra el gobierno barbosista ocurrió en enero de 2020, cuando fue encarcelado Miguel López, defensor del agua en Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla.

Barbosa ha declarado que su gobierno actuaría con cuidado, pero también con firmeza ante las protestas sociales. “En Puebla se respeta la ley, se aplica la ley, se respetan los derechos humanos y no se permite la simulación”.

Más la realidad es otra, diametralmente opuesta.

-Porque-, ”una de las banderas de Miguel Barbosa en su campaña fue la crítica al gobierno panista de Rafael Moreno Valle por

el uso de la fiscalía estatal y las corporaciones policiacas para reprimir a los opositores y la protesta social”.

“Ahora, defensores de los derechos humanos, organizaciones sociales e incluso una diputada federal de Morena lo acusan de hacer lo mismo, aunque de manera más abierta y con base en mentiras, siembra de pruebas y emboscadas”.

Así lo plasma Proceso, para rematar:

… “Barbosa, peor que Moreno Valle”.

Es real, lo que siembras… cosechas.

Al tiempo.