Por segunda ocasión, el exalcalde de Puebla, Eduardo “Lalo” Rivera Pérez, enfrenta una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos municipales. La resolución deriva de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 de su gestión.

De acuerdo con el organismo fiscalizador, el exedil panista no solventó aclaraciones por un monto cercano a los 306 millones de pesos durante dos años de gobierno. La sanción incluye una multa económica de 15 millones de pesos por el presunto daño causado a la hacienda municipal.

La resolución también alcanza a su exsecretario y colaborador cercano, Bernardo Arrubarrena, quien fue inhabilitado por 10 años y deberá pagar una sanción económica de 10 millones de pesos.

Esta sería la segunda ocasión en la que el panista habría sido sancionado, ya que en 2017, después de su primer mandato el Congreso del Estado de Puebla lo inhabilitó por 12 años de la función pública, y una multa de 25 millones de pesos por un desfalco de más de 400 mdp, sin solventar las observaciones los cargos fueron retirados poco antes de la elección de 2018.

Contratos bajo la lupa

Durante la última administración de Rivera Pérez se señalaron diversos contratos por presunto mal uso de recursos públicos. Entre los casos observados destaca la adjudicación de 35 millones de pesos para servicios de box lunch prestados en un periodo de ocho meses por un proveedor vinculado al Partido Acción Nacional.

Asimismo, consta un contrato por 20 millones de pesos otorgado a la empresa Remedios Producciones y Asociados, encargada de la organización de eventos, la cual no acreditó la realización de los servicios en los lugares establecidos.

Obras públicas cuestionadas

A las observaciones financieras se suman las críticas por la ejecución de obra pública. Destacan los montos millonarios destinados a la remodelación de parques municipales sin cambios perceptibles para la ciudadanía, así como los trabajos de pavimentación en la Avenida Juárez, las calles 14, 16 y 18 Oriente, y la 5B Sur, los cuales presentaron sobrecostos y deficiencias en los materiales empleados.

Lalo Rivera acusa persecución política

Tras conocerse la resolución, Lalo Rivera emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones, asegurando que se trata de una persecución política en su contra. El exalcalde anunció que recurrirá a los tribunales e instancias correspondientes para defenderse y limpiar su nombre.