Información de e-consulta
Héctor Llorame
Javier y Guillermo Pacheco Pensado, hijos del exgobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, sí compraron las tierras despojadas a ejidatarios de San Andrés Azumiatla, junta auxiliar del municipio de Puebla.
Documentos en poder de e-consulta acreditan que los hijos del exalcalde de la capital pagaron 35 mil pesos por hectárea de tierra, es decir, 3.5 pesos por metro cuadrado en 2006.
De acuerdo con denuncias de los afectados, al menos de 571 hectáreas se apropió la familia Flores Escalona cuando Nabor Flores Escalona fue alcalde auxiliar, durante el mandato de Enrique Doger Guerrero (2005-2008) como presidente municipal.
El área despojada fue repartida entre hermanos y sus descendientes, para posteriormente venderse en fracciones a diversas personas, que después vendieron a los hermanos Pacheco Pensado.
Por ello se calcula que al menos 400 hectáreas son propiedad de los hijos del exgobernador, porque es la zona que actualmente se encuentra rodeada de malla y vigilada por gente armada para impedir el paso.
El instrumento notarial número 39896, fechado el 13 de diciembre del 2006, es un ejemplo de la operación que durante casi 15 años los ejidatarios han denunciado.
Pagaron $3.50 por metro de tierra
Lucio Gabriel Flores Escalona (hermano de Nabor), vendió a Javier y Guillermo Pacheco 67.67 hectáreas de tierra por 2 millones 368 mil 700.53 pesos.
El área se desprendió de un predio de 199.6 hectáreas, mismo que estaba dividido en 11 fracciones, repartidas en el mismo número de personas.
Todos los supuestos propietarios, representados por Flores Escalona, aportaron una parte de sus terrenos para conformar dos predios, que fueron vendidos a los hermanos Pacheco Pensado
Un lote tenía 63.75 hectáreas y fue ofertado en 2 millones 231 mil 289.97 pesos, mientras que el otro, de 3.92 hectáreas, se entregó por 137 mil 410.56 pesos.
La transacción fue avalada por Mario Salazar Martínez, notario número 42 con sede en Puebla capital, quien fungió como presidente del Consejo de Notarios al final del sexenio del exgobernador Mario Marín Torres y al inicio del de Rafael Moreno Valle.
Por el servicio de segregación, cobró 10 mil 464 pesos, mientras que por la compra-venta, 15 mil 869 pesos.
Cercaron Azumiatla
La zona vendida por Flores Escalona formaba parte de la antigua exhacienda de “San José Zetina”, que colinda con Santa María Malacatepec y Santa Clara Ocoyucan,pero ejidatarios aseguraron que también ya ofertó parte de la ampliación del ejido de San Andrés Azumiatla, la exhacienda Tlaxcolpan y parte del cerro que se conoce como “La Loma”.
Bajo el anonimato denunciaron que más de 400 hectáreas que eran terrenos comunales se encuentran deshabitadas, pero cercadas y vigiladas por gente armada, para evitar que los colonos recuperen las tierras.
Con la malla se cerraron también al menos 15 caminos y veredas, que ahora forman parte de la zona resguardada.
En las otras 171 hectáreas que no están cercadas, se ubican las viviendas de decenas de descendientes de los ejidatarios, que frecuentemente son amedrentados para que abandonen sus hogares.
Acusan complicidad de jueces
El litigio para recuperar los predios lleva más de 15 años debido a que jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del que Pacheco Pulido fue presidente de 1999 al 2008, no han resuelto la devolución de tierras.
Por medio de juicios de amparo, los afectados afirman que quienes se ostentan como dueños (incluidos los hermanos Pacheco Pensado y presuntos prestanombres) han frenado los recursos de restitución de bienes, en complicidad con jueces y magistrados.
Se cree que Javier y Guillermo Pacheco han vendido o cedido los derechos de los terrenos a inmobiliarias, ya que representantes de empresas como Vasur y Grupo Proyecta son quienes defienden los predios.
Conflicto estalló en 2009
Algunos ejidatarios comenzaron su defensa desde hace más de una década al percatarse de que las tierras estaban siendo vendidas en pequeñas porciones, antes de que estallara el conflicto en 2009, cuando se supo que sumaban 400 hectáreas.
El asunto cobró relevancia nacional debido a que el 25 de abril de ese año se enfrentaron pobladores y policías por la retención de cuatro topógrafos, que realizaban mediciones para la construcción de una carretera.
Por temor a que se comenzaría a construir en los terrenos en pugna, amagaron con linchar a los topógrafos, así que elementos policiacos los rescataron por la fuerza, en un operativo que culminó con la detención de 35 personas y decenas de heridos, de acuerdo con notas periodísticas.
Desde entonces, los agraviados señalaban a los hermanos Pacheco Pensado como responsables del despojo, pero hasta ahora no se había demostrado que —efectivamente— compraron los terrenos en disputa.
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